Quito, 22 nov (La Calle).- La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, informó que la mesa legislativa ya no tiene la potestad de reactivar el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, ahora todo queda en manos del Pleno de la Asamblea. Sin embargo, existen vacíos legales que podrían obstaculizar este proceso.
Antes de la disolución del Parlamento tras la declaratoria de muerte cruzada, el juicio político se encontraba en la segunda fase de interpelación, es decir, en donde los legisladores podían realizar una intervención. Hasta ese punto del juzgamiento político habían intervenido 52 de 137 asambleístas.
Después de este punto, los parlamentarios debían emitir su voto a favor o en contra de la censura del mandatario saliente. No obstante, él se adelantó a los hechos y ordenó la disolución del Legislativo.
¿Qué sigue?
El abogado constitucionalista Esteban Ron explicó a Radio La Calle la existencia de una anomía jurídica. Detalló que no existe una determinación legal respecto a si se puede continuar con el juicio político.
»Sería diferente si ya se pasaba directamente al proceso de votación. Recordemos que uno de los interpelantes ya no está en la Asamblea Nacional (Esteban Torres)», resaltó.
El jurista expone dos soluciones, la primera es que se emita un informe por parte del departamento jurídico del mismo Legislativo para que realizar un análisis normativo y que el Pleno emita una resolución. La otra opción sería solicitar una consulta de inteligencia normativa a la Procuraduría General del Estado (PGE).
¿Y los demás juicios políticos?
Por otro lado, Aguirre expuso que existen algunos juicios políticos pendientes en la mesa de Fiscalización los cuales son dirigidos a; los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE); al exministro de transporte, Darío Herrera; al ministro de Inclusión, Esteban Bernal; a los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo y Juan José Morillo.
Estos juicios presentan el mismo problema, los proponentes ya no están en el Parlamento. Ante la situación la Presidenta de Fiscalización pedirá asesoría a la unidad jurídica. Por su parte, Ron también especificó que para seguir con los procesos se necesita un ejercicio de cargo y descargo y al no tener interpelantes la situación es difícil.
»Documentalmente sería bastante complicado que se nombre a otro actuario del juicio político», manifestó. (AGM).
