Quito, 11 oct (La Calle). – Un presunto extorsionador fue quemado vivo por la comunidad de Guamote, ubicada en la provincia de Chimborazo, el lunes 9 de octubre de 2023. En redes sociales se viralizaron videos del cadáver calcinado del supuesto criminal. Según reportan moradores del sector, le aplicaron “justicia indígena” al individuo.
La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación previa, identificando al occiso como Luis S., y ha dispuesto el desarrollo de diligencias para hallar las causas de muerte y a los posibles responsables.
¿Justicia indígena?
La justicia indígena es un sistema de normas y procedimientos de los pueblos y nacionalidades, cuya aplicación corresponde a las autoridades comunitarias con el fin de garantizar justicia y equilibrio social.
En Ecuador se reconoce constitucionalmente desde el 2008. Se sabe que las sanciones también implican el fuete (azote), baño con agua fría o con ortiga. Sin embargo, no contempla o legitima el quitarle la vida a una persona a través de estos métodos.
¿Cuál es el trabajo de la Policía frente al ajusticiamiento indígena?
Radio La Calle se comunicó con un policía, quien prefirió mantener su nombre bajo reserva, y explicó el procedimiento de la institución y sus limitaciones frente a estas situaciones.
El uniformado relató que la Policía Nacional primero debe comunicarse con el dirigente de la comunidad indígena para esclarecer los motivos por los que se ejecutará la asamblea comunitaria para ajusticiar al aprehendido.
“No intervenimos en esos casos. Se elabora un parte policial con los datos recabados del incidente donde se enfatiza que el dirigente a cargo no quiere la participación policial. Sin embargo, hay ocasiones en que la autoridad del lugar solicita la presencia de los policías con la finalidad de que no haya excesos en dicha audiencia”, expuso el agente.
El artículo 171 de la Constitución señala que “las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidad indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su propio derecho (…)”. Entonces, explica el gendarme, “al tratarse de una cuestión legal la Policía está en la obligación de acatar” lo que manda la Carta Magna.
Si se presentan excesos, como riesgo de muerte, la Policía debe intervenir para salvaguardar los derechos humanos del ajusticiado. Para ello, se coordina con el dirigente de la comunidad para que facilite con la “asistencia médica y ponerlo a buen recaudo”.
No obstante, hay ocasiones en que los dirigentes permiten y otros no permiten la presencia policial. En cuanto al caso de Guamote, expone que lo más probable es que la Policía no estuvo presente o no le permitieron estar.
“El caso se conoció por las redes sociales. Lo más seguro es que la Policía no estuvo enterada del señor que le atraparon”, finalizó la fuente. (S.F.)
Foto: W Radio EC
