Quito, 9 oct (La Calle).- El testigo protegido de la Fiscalía General del Estado (FGE), J.P.A.M., no era parte procesal en la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. El sujeto acudió al Complejo Judicial del Norte de Quito para rendir su testimonio.
J.P.A.M., entró a la Cámara de Gesell, un lugar que utiliza la entidad de control para «proteger a quien ingresa como testigo protegido». El lugar cuenta con dos salas separadas por un vidrio de visión unilateral, es decir, que no permite ver el rostro del ciudadano.
En la primera sala, que es la de entrevista, solo entra el testigo. Mientras que en la segunda sala, una de observación, ingresan los operadores de justicia, juez, fiscal, abogados, entre otros, según Primicias.
Además, el portal detalló que la versión del implicado fue tomada al final de la instrucción fiscal, por lo que no servirá como prueba para un eventual juicio. Por el contrario, solo será la base para el inicio de otra investigación que permita dar con el paradero de los autores intelectuales.
«El testigo anticipado» mencionó que no participó directamente en el crimen, pues, coincidentemente, el día del atentado no acudió porque se le dañó su vehículo y ya no pudo seguir con las indicaciones. Además, «reveló» los preparativos, los supuestos integrantes y los autores intelectuales.
Un proceso lleno de inconsistencias
La publicación de la Fiscalía a pocos días de las elecciones generó controversia en diferentes actores sociales y políticos, quienes enmarcaron que el caso tiene varias inconsistencias. Aquí un recuento.
Asesinaron a Fernando Villavicencio días antes del debate de la primera vuelta electoral, pese a que la Policía Nacional estaba a cargo de su “seguridad”. El propio Christian Zurita, reemplazo de Villavicencio en la campaña, enfatizó que la muerte de su colega se debió a la “negligencia de los agentes”.
Luego, mataron a siete implicados en el caso, seis de ellos solicitaron el traslado de “La Peni” a un reclusorio más seguro, pero el SNAI -entidad gubernamental encargada de los presos- no atendió el pedido.
Además, el círculo cercano a Villavicencio se opuso -durante toda la instrucción fiscal- a que el celular del excandidato se explote, por lo que la institución de control terminó la fase de este proceso sin los datos del dispositivo.
