Quito, 04 ene (La Calle).- La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) recategorizó los productos con canela como peligrosos por contaminación con plomo. Entre esos están la morcilla tipo 1 de embutidos Oro y la premezcla para conos de vainilla Bakers que se ha ordenado retirar del mercado.
A los proveedores se les realizó una visita a su planta de procesamiento y se les clausuró por no contar con las medidas de limpieza necesarias. El pasado 18 de diciembre, el Arcsa recategorizó a la canela como una especie de alto riesgo de contaminación. Algo que no se hizo sino hasta octubre de 2023 cuando saltó la alerta de la FDA por productos de fabricación ecuatoriana contaminados con plomo. Se trataba de tres productos de Wanabana comercializados en Estados Unidos.
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Según el director del Arcsa, Daniel Sánchez, existen 926 productos en el país que tienen entre sus ingredientes la canela. Explicó que existe un vacío normativo, ya que se han emitido certificaciones sanitarias a 52.136 productos, sin embargo, no eran necesario presentar exámenes de laboratorio. Ahora la Agencia ha exigido que que se presenten los análisis de los productos con canela que, aunque no sea requisito, si es una obligación para las inspecciones. Solo 141 productos han analizado a sus productos.
La autoridad también llamó a las universidades a registrarse para que sus laboratorios integren la red de análisis del Arcsa. «Invitamos a las universidades a sumarse para reforzar la capacidad analítica del país, al tiempo que la Arcsa empieza a reponer la capacidad analítica que siempre ha tenido la institución».
¿Qué dice la ley?
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) determina la contaminación de alimentos como un delito:
Art. 216.- Contaminación de sustancias destinadas al consumo humano.- La persona que altere, poniendo en riesgo, la vida o la salud, materias o productos alimenticios o bebidas alcohólicas para el consumo humano, se sancionará con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Con la misma pena será sancionada la persona que, conociendo de la alteración, participe en la cadena de producción, distribución y venta o, en la no observancia de las normas respectivas en lo referente al control de los alimentos. La comisión de esta infracción de manera culposa, será sancionada con pena privativa de libertad de dos a seis meses.
La Arcsa ha puesto en conocimiento todo el proceso de investigación a la Fiscalía General del Estado para que dicte las responsabilidades correspondientes a los actores determinados.