Quito, 13 jul (La Calle).- Carlos Angulo, alias «Invisible» recibió 34 años y 8 meses de privación de la libertad por la orden de disparar contra el excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, Laura Castillo, por proveer armas recibió la misma pena.
Alexander Chimbo, Víctor Flores y Erick Ramírez recibieron una pena de 12 años. Desde la red social X las hijas de Villavicencio se pronunciaron, Tamia indicó que seguirán en la búsqueda de los autores intelectuales, mientras que Amanda indicó «Necesitamos conocer toda la verdad y que esto no se vuelva a repetir. Tras la finalización del juicio, les mostramos una recopilación de los hechos.
Los hechos
El 9 de agosto de 2023, asesinan al excandidato presidencial, Fernando Villavicencio al salir de un mitin político, en Colegio Anderson al centro norte de la capital. La Policía detuvo a seis personas e incautaron armas de fuego, vehículos y explosivos. El séptimo implicado resultó herido, lo que causó su deceso en las instalaciones de la Fiscalía. Días después, se dispuso la liberación de dos detenidos.
El ejecutivo convocó de emergencia al gabinete de seguridad. Declaró estado de excepción por 60 días y solicitó ayuda al FBI para la investigación del asesinato del ex candidato. Patricia Villavicencio, hermana de Fernando, responsabilizó al gobierno de Guillermo Lasso y al Ministro del Interior Juan Zapata, señalando que el gobierno “no quería que destape la corrupción”, y calificando de complot el asesinato.
Luego de tres días del crimen, trasladaron a «La Roca» a Adolfo Macías, Alias “Fito”, líder de la banda “Los Choneros”. El excandidato, días antes a su muerte, habría recibido amenazas por parte de grupos criminales ligados al cartel de Sinaloa.
Audiencia privada
El 18 de agosto, la jueza a cargo del caso autoriza una audiencia privada en donde se examine la información de tres tablets, trece celulares y un dron incautados en los allanamientos. A su vez, la Fiscalía dispone se abra una investigación interna en la Policía Nacional, así como la presentación del informe de protección al ex candidato.
Galo Valencia, tío de Villavicencio, asistió a la fiscalía, junto con la hermana, hijas y viuda de Fernando, el 28 de agosto, en dónde resonó el cuestionamiento acerca del paradero del celular del ex candidato.
Allamientos
Casi un mes después del crimen, la noche del 7 de septiembre, Fiscalía ejecutó allanamientos que resultaron en dos capturas y cuatro órdenes de detención en la cárcel del Inca. De este modo, en el primer mes se vincularon a 13 personas al asesinato. Bajo la idea de Fiscalía que la orden de liquidar a Villavicencio se realizó por medio de llamadas de WhatsApp, desde el teléfono de un recluso en la cárcel de Cotopaxi.
Frente a la expectativa de resultados que pudiera arrojar la Fiscalía en el primer mes, los asambleístas por el movimiento Construye, exigieron respuestas y anunciaron la formación de una comisión en la Asamblea Nacional, que investigue el crimen de Villavicencio. A la exigencia también se sumó el movimiento Revolución Ciudadana, entre otros asambleístas.
El celular de Villavicencio y el FBI
Sobre el teléfono celular de Fernando, Galo Valencia declaró que la hija del excandidato, Amanda, lo habría recibido de César Gonzaga (escolta y amigo de Villavicencio) para después arrojarlo al río Tomebamba en la ciudad de Cuenca, declaraciones que Amanda no desmintió. Sin embargo, Verónica Sarauz, indicó que habría entregado el celular al FBI.
Cerca de finalizar el mes de septiembre, el FBI ofreció USD 5 millones, para quien diera información del asesinato del ex candidato. Días después, el 2 de octubre, Michael Fitzpatrick, Embajador de EEUU, informó que registraron llamadas y correos que ayudarían a recabar pistas.
El 3 de octubre, la FGE ordenó la revisión de los teléfonos del ex candidato de Construye, Christian Zurita, del asambleísta electo, Patricio Carrillo. También el de Carlos Figueroa, médico y amigo de Fernando y Antonio López Cobeña, gerente de la campaña de Construye.
Las discrepancias sobre la importancia del teléfono de Villavicencio en el caso se extendieron. Christian Zurita insistió que no se debía hacer pública la información ni hacer parte de la investigación el dispositivo. De ser el caso, “se destruiría la reputación de Villavicencio”.
Asesinato de los autores materiales
El 6 de octubre, asesinan a los siete reos colombianos, los presuntos autores materiales en el caso Villavicencio. Cabe destacar que, en los teléfonos de los investigados se encontraron llamadas desde la cárcel de Latacunga, que tenía el control de la banda delincuencial “Los Lobos”.
En un comunicado de la FGE, el 8 de octubre, se informó del testimonio anticipado de un testigo protegido, quien narró los preparativos y el monto ofrecido por los autores intelectuales. Zurita responsabilizó al gobierno del expresidente Rafael Correa e indicó que el monto ofrecido por la muerte de Villavicencio fue de USD 200. 000.
Frente a estas acusaciones, el expresidente indicó “Se lo dijimos: asesinan a Villavicencio, retrasan un mes la indagación previa, matan a todos los sicarios excepto a uno, a quien tienen en un cuartel militar y lo hacen acusarnos el 10 de octubre, cinco días antes de las elecciones. Cualquier cosa con tal de impedir nuestra victoria”, y catalogó el testimonio como “un tremendo fraude procesal”.
Audiencias que se suspendieron
Tras 90 días de recolección de pruebas, la FGE cerró la etapa de instrucción fiscal. Se realizó el llamamiento a juicio para el día 29 de noviembre, en la Unidad Judicial Penal. No obstante la audiencia se aplazó al día 19 de diciembre por pedido de procesados. Por segunda vez al día 6 de febrero de 2024 “a causa de artimañas de los abogados”, según indicó la Fiscal Diana Salazar.
Mientras tanto en la asamblea se formó la comisión que investigaría el caso, con el fin de realizar seguimiento a las instituciones públicas. La comisión la conformaban dos asambleístas de ADN, dos del movimiento Construye y uno de Pachakutik, Revolución Ciudadana y el PSC. Cabe destacar que no pudieron comenzar su trabajo sino hasta un mes después a causa de falta de presupuesto para la asignación de un secretario.
La FGE también difundió chats de Leandro Norero, quien “tenía la mirada sobre el candidato” por la difusión de la foto de la piscina publicada el 28 de mayo de 2023. Según Diana Salazar, este mantenía conversaciones con Xavier J., Xavier N., Mayra S., y Ánderson B. En dichas conversaciones se comprometía a “resolver” para evitar la difusión de información.
Al finalizar el mes de enero y a puertas del inicio de la audiencia, Zurita sustentó que el teléfono de Fernando Villavicencio se encontraba en fiscalía, y que su intención siempre fue cuidar la filtración de información de «las pruebas más importantes»
Antes de la audiencia, dos de los seis procesados cambiaron de abogados, lo que provocó una nueva postergación. Se aplazó para el martes 27 de febrero, indicando que «no se aceptarán más dilataciones».
Audiencia preparatoria del juicio
Según Fiscalía, la orden de asesinar a Villavicencio llegó desde el grupo «Los Lobos» en un mitin político pasado en Santo Domingo. Fue Carlos Angulo, alias «invisible», quién enviaría la señal al sicario que acabó con la vida de Fernando.
Fue así como el 27 de febrero, la fiscalía llamó a juicio a 6 personas, de los cuales, uno (Oscar Fierro) recibió el sobreseimiento. Ana Hidalgo, fiscal que lleva el caso, acusó de coautora del crimen a Laura Castillo, encargada de la logística, pues, según Fiscalía, fue quien se reunió y proporcionó vehiculos, armas, municiones e incluso camisetas con el logo del partido de Villavicencio.
La audiencia habría durado cerca de diez horas, por lo que la jueza Irene Pérez solicitó volver a juicio el día 28 de febrero. Los 6 implicados fueron: Carlos Angulo, supuesto autor; Laura Castillo, alias «La flaca», coautora; Johan Castillo, autor material y fallecido. Érick Ramírez, Víctor Flores y Elizabeth Chimbo aparecen como cómplices.
En la versión del testigo protegido, José Patricio A.M., se recabó que a la cabeza de la operación se encontraba alias «Invisible» y alias «Chino». Este último quería el mérito del asesinato. El testigo señala su intención de llamar a la policía antes del crimen. Su pareja, Laura Castillo, lo persuadió, ya que, según su relato «ya tenían comprados abogados y fiscales». La motivación para asesinar al candidato, además del dinero, también era «subir de rango». De acuerdo con el testimonio, quienes hagan el trabajo tenían derecho a «medio Quito y a las cárceles».
Mientras tanto, la investigación sobre el teléfono de Fernando Villavicencio, a diferencia de las declaraciones de Zurita, seguía a cargo del FBI, según la fiscal Hidalgo. Asegurando que no puede revelar detalles de lo encontrado en el dispositivo. «Es una investigación previa que tiene garantías de reserva», sostuvo frente a la comparecencia en la Asamblea.
La nueva audiencia sobre el caso Villavicencio se fijó para los días 8 y 9 de abril. Se postergó a pedido de Alexandra Ch., por cambio de abogado, a los días 13 y 14 de mayo. Esta última fecha también se postergó hasta el 25 de junio, por motivo de solicitud de uno de los abogados defensores.
El 20 de junio, familiares, simpatizantes y allegados de Villavicencio organizaron un plantón para exigir agilidad en las investigaciones del caso. También criticaron el accionar de la comisión de investigación de la asamblea.
