Quito, 28 mar (La Calle).- En diciembre de 1998, Filanbanco -de los hermanos Isaías- pasó a pertenecer al Estado a través de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) por concepto de reestructuración. Sin embargo, en junio de 2001 cerró definitavemente el banco más grande del país con 14 % de clientela en el sistema financiero.
Después de 23 años, recoge diario El Universo, continúan la discusión técnico-política sobre “quiénes quebraron Filanbanco”. Un problema que desencadenó múltiples litigios penales, civiles y administrativos, tanto en el Ecuador como en cortes internacionales.
El último en conocerse fue una demanda al Estado por parte de los exaccionistas privados de Filanbanco, Roberto y William Isaías. Ellos exigen reparaciones por las incautaciones de sus bienes en 2008. El proceso se lleva a cabo en un tribunal de la Corte del Guayas desde diciembre de 2021.
La historia
Los hermanos Isaías afirman que entregaron el banco “saneado” y con bienes en garantía. “Que la entidad quebró a causa de la fusión con La Previsora, que sí tenía pérdidas”. Sin embargo, las autoridades económicas determinaron que el “hueco” que estos omitieron en el banco por los presuntos manejos dolosos eran imposibles de suplantar aun con la inyección de fondos públicos.
Según Ceclilio Moreno, editor de investigación en revista Vistazo, la historia de Filanbanco inicia algunos mese antes de diciembre de 1998. Explica que la transitoria 42 de la Constitución de 1998 aprobaba que “el Banco Central del Ecuador (BCE) entregue préstamos de liquidez a las instituciones financieras en problemas. Y en septiembre de ese año, el BCE hizo el primer desembolso al Filanbanco”, reseñó el medio.
En el mismo periodo, el extinto Congreso discutía la Ley de Reordenamiento en Materia Económica. Con esta ley, se creo la AGD para precautelar los dineros de los clientes de los bancos que presentaron problemas de liquidez y demás. La Ley se publicó en el Registro Oficial el 1 de diciembre de 1998. Al día siguientes, los hermanos Isaías entregaron el banco y el 3 de diciembre recibió más dinero del BCE.
El diario señala que el exsuperintendente de Bancos, Juan Falconí Puig, calculó el dinero que recibió Filanbanco hasta 2002. “Entre agosto y diciembre de 1998, cuando aú era de los Isaías, el BCE le dio USD 309 millones; y bajo el control estatal, el 3 de diciembre, USD 140 millones; el 28 de diciembre, USD 400 millones; el 2 de febrero de 1999, USD 100 millones y USD 176 millones, en dos momentos del día; y en junio del 2002, USD 300 millones. En total, Filanbanco recibió USD 1.116 millones”.
Falconí Puig explica estos montos sin contar el hueco de USD 654 millones que ya tenía la entidad bancaria. Hueco calculado por una auditoría de Deloitte & Touche hasta el 31 de diciembre de 1998. Dicha auditoría se entregó a la Superintendencia en 2001 y se hizo pública en 2008; junto a otras operaciones entre Roberto Isaías y Filanbanco Trust & Banking Corp., la sucursal en Panamá; y unas reestructuraciones de créditos.
El exsuperintendente asegura que las pérdidas para el Estado estarían entre los USD 3 mil y 5 mil millones. No obstante, el abogado de los Isaías, Jorge Zavala Egas, niega estas incriminaciones. Subraya que cuando los hermanos Isaías dieron el banco, este estaba solvente y sin pérdidas. El problema, según él, nace con la fusión de La Previsora el 5 de julio de 2000, que sí tenía deudas y acreedores, por lo cual cierra.
La fusión
En 1999 el Ecuador sufrió el feriado bancario. La peor crisis financiera de la hisoria del país al mando del gobierno de Jamil Mahuad y la caída de 16 bancos. Uno de ellos fue La Previsora que contaba con una situación crítica.
El banco fusionado cerró en julio de 2001. Óscar Ayerve, quien presidía la Junta de Acreedores de Filanbanco, “calcula que esta tenía unos 750 mil clientes con depósitos e inversiones por USD 1.400 millones”, recoge El Universo. Según él, gran parte de esas acreencias se cubrió con un bono del Estado por USD 300 millones hallado en la bóveda del banco.
Hasta el 2013, expone Ayerve, la AGD atendió a unos 500 mil clientes. No obstante, a unos 300 mil “no se les pagó ni un centavo”.
Orden de prisión
Gracias a un informe de las irregularidades hecho por Falconí, la entonces fiscal general Mariana Yépez, formuló el 16 de junio de 2000 una excitativa fiscal para investigar el uso de préstamos del BCE. Una semana después, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Galo Pico Mantilla, anunció el auto cabeza de proceso contra los Isaías y otros funcionarios por el presunto manejo fraudulento de los créditos del BCE y dictó una orden de prisión preventiva.
En septiembre del mismo año, Pico Mantilla suscribió el pedido de extradición para los hermanos, que para entonces se hallaban en Miami, EE.UU.
En 2003, el expresidente de la CSJ, Armando Bermeo, dictó auto de llamamiento a juicio plenario por peculado con los Isaías y otros. Finalmente, confirmó la prisión preventiva.
“La sentencia en primera instancia por peculado (malversación de fondos) llegó el 10 de abril de 2012. se los declaró culpables y se los condenó a ocho años de prisión”, expone el medio.
Por su parte, los hermanos presentaron una apelación, que fue negada el 13 de marzo de 2014. Después pidieron una revisión del fallo mediante una casación que ratificó la sentencia el 31 de octubre de 2014. No obstante, la figura penal cambió a peculado bancario. “Y quedó en firme”.
El proceso se cayó (?)
En 2018, ya en el gobierno de Lenín Moreno, el abogado de los Isaías planteó un recurso de revisión que finalizó el 19 de mayo de 2021 declarando la inocencia de los acusados.
Durante el gobierno de Rafael Correa se incautaron los bienes de los Isaías basados en el informe de Deloitte aprobado por la Superintendencia en marzo de 2008.
El exministro de Economía, Fausto Ortiz, dijo a El Universo que “el 4 de julio de ese año se realizó una reunión del directorio de la AGD en la que se designó a Carlos Bravo como gerente. El 7 de julio, él firmo el acta de la reunión y viajó de Quito a Guayaquil. Por la tarde, Correa lo convocó al Palacio. Al llegar se enteró de que en reunión se estaban definiendo detalles del operativo de incautación que se ejecutó la madrugada del 8 de julio”.
No obstante, en un receso le pidieron a Ortiz que “vuelva a firmar el acta de la reunión del 4, pero su contenido estaba cambiado pues decía que en ella se habían resuelto las incautaciones, lo cual era falso. No la firmó”. Entonces, el expresidente Correa le dijo: “firmas o te vas”. Ortiz renunció.
Según el medio, la AGD incautó a los Isaías 195 empresas. Pero tiempo después continuaron emitiéndose, al parecer, cien resoluciones de incautaciones, expresa la defensa de los Ísaías.
El 9 de julio, la Asamblea Constituyente pronunció el Mandato 13 para blindar la acción de la AGD y se les prohibió a los hermanos Isaías ejecutar causas constitucionales.
Debido a todo este proceso, los exbanqueros consideran que fueron ilegales las incautaciones. Por tanto, procedieron a poner una demanda en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El 30 de marzo de 2016, el organismo internacional declaró que los “derechos de los Isaías fueron vulnerados” y que por ende, “todo es nulo”, apunta su defensa. En el dictamen se muestra, además, que el Estado ecuatoriano debe disponer medidas de reparación.
Actualmente, la demanda de los Isaías es de USD 2 mil millones consecuencia de una serie de procesos civiles sobre las incautaciones durante estos 23 años.
