Quito, 02 dic (La Calle).- En Managua, un juez admitió una acusación penal a 16 jóvenes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). La detención ocurrió hace dos semanas por llevar agua a un grupo de madres que hicieron huelga de hambre por la liberación de sus hijos, acusados por presunto “traslado de armas”. Esto sucedió en el marco de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
“Es un proceso viciado en contra de personas que lo único que hicieron fue mostrar solidaridad”, afirmó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) vía Twitter. Asimismo, el padre de la líder Amaya Coppens dijo: “no esperar nada de la justicia nicaragüense”. “Usaron las leyes como quisieron”, afirmó la abogada Noemí Guerrero.
El Proceso
Adalberto Zeledón, juez suplente del Juzgado Quinto Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, aceptó la acusación de la Fiscalía durante un encuentro inicial que duró más de ocho horas. Zeledón admitió la denuncia presentada por el Ministerio Público por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y municionesen perjuicio de la “seguridad pública de la sociedad nicaragüense”.
Afirmando la prisión preventiva de los 16 detenidos, entre ellos la líder Amaya Coppens (de nacionalidad belga y nicaraguense, una activista que ya había sido detenida con anterioridad y fue liberada bajo una polémica Ley de Amnistía). El inicio del proceso empezará el 30 de enero de 2020. Trece de los 16 acusados pertenecen a la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco quien recalcó que sus integrantes fueron arrestados cuando intentaban hacer llegar recipientes con agua a unas 10 madres que estaban en huelga de hambre por la liberación de sus hijos en una parroquia en la ciudad de Masaya.
El Contexto
La crisis de gobernabilidad en Nicaragua estalló con protestas sociales desde abril de 2018. La acción policial y de paramilitares dejó al menos 328 muertos, 2.000 heridos, cientos de detenidos y 88.000 emigrantes o exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, la UNAB afirma que más de 160 personas están detenidas por protestar en contra del régimen de Ortega. Sin embargo, el gobierno reconoce 200 muertos.
MC/EM
