Quito, 18 nov (La Calle).- La Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador, (ASOSERPEN) denunció en la Fiscalía de Pichincha al director de Inteligencia Nacional y del Servicio de Protección a Privados de Libertad (SNAI), Fausto Cobo. El funcionario profirió insultos contra los guías penitenciarios en una entrevista.
«Somos 1.500 servidores penitenciarios. Ha afectado con sus comentarios a 1.500 familias ecuatorianas. Es un cuerpo de seguridad que se sacrifica día a día sin tener logística, equipamiento ni el personal necesario. Han pasado estados de emergencia, excepción y no nos han dado ni un gas», dijo Carlos Ordóñez, presidente de la Asociación para Radio La Calle.
Añadió que los servidores, a pesar de las carencias se sacrifican y sacan la cara por el grupo, por lo que las declaraciones de Cobo les producen indignación.
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Prioridades
Ordóñez indicó que lo principal es fortalecer al cuerpo de seguridad y vigilancia. «Hablan de policía, militares. Somos aproximadamente 1.500 agentes de servicio penitenciario (ASP) distribuidos en tres turnos de guardia. Somos 500 guardias para cada servicio con una población de 40.000 privados de libertad».
¿Y las armas?
El servidor indica que ni siquiera tienen armas para realizar un control eficaz de las prisiones. » Edmundo Moncayo y el subdirector entregaron todo el armamento del sistema penitenciario. Vaya a saber que intereses tenía o si fue un error voluntario o involuntario, pero entregó el armamento del sistema penitenciario. Y encima viene aquí este señor (Cobo) ha decir que este cuerpo no sirve».
Sin garantías
El abogado a cargo de la ASOSERPEN, Iván Campaña, indicó que sus defendidos no tienes garantías de un trabajo digno. Además de ganar USD 900 como salario. «No tienen seguro de vida, se les retira las armas y el equipamiento y se los insulta.
«Se atacó a un grupo social importante para la sociedad ecuatoriana. Se han hecho declaraciones fuertes, con estigmas, con insultos. Por eso nos hemos acercado a la Fiscalía Provincial. Para que los ciudadanos entiendan que no por más que sean autoridades pueden vejar a un grupo de la población», añadió.
